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Ola de críticas: se multiplican los cuestionamientos a la contratación del fiscal Raúl Guzmán en el Senado

Nada de fácil ha sido el desembarco del fiscal Raúl Guzmán como secretario general del Senado. Al debate por el eventual conflicto de interés que representa su llegada a la Corporación (donde está en marcha una indagatoria sobre las asesorías externas de los parlamentarios), se sumaron ahora los cuestionamientos de los funcionarios del Congreso, quienes criticaron la idoneidad y falta de experiencia legislativa del abogado.

A través de una declaración pública, la Asociación de Profesionales de Secretaría del Senado señaló que la decisión de elegir a Guzmán en el cargo es “errada e inconveniente” y hacen un llamado a la Cámara Alta a “enmendar esta situación para garantizar el buen funcionamiento de la Corporación, preservar la ética pública, prevenir conflictos de intereses y asegurar la prescindencia política que históricamente ha caracterizado a los funcionarios del Senado”.

A este debate se han sumado los funcionarios del Ministerio Público, desde donde acusan a Guzmán de “abandono de deberes” por haber postulado a un cargo ejerciendo al mismo tiempo su rol de fiscal.

Desde la Asociación de Funcionarios Fiscalía Metropolitana Sur señalaron que “vemos con preocupación también, como el actual escenario generado por la postulación de un miembro en ejercicio del Ministerio Publico a un relevante puesto en la Cámara Alta, pone en el debate público  la autonomía del Ministerio Publico y su relación con el mundo político, situación que a nuestro juicio, podría incluso  generar una crisis de confianza de la ciudadanía sobre dos de las instituciones más relevantes de nuestro sistema democrático”.

El nombre de Raúl Guzmán fue zanjado por los comités parlamentarios, y solo falta la votación en sala de mañana martes para oficializarlo como nuevo secretario general. Los propios senadores han salido a respaldarlo, aunque algunos como el RD Juan Ignacio Latorre han advertido que su nominación es “una señal equivocada, difícil de leer y difícil de entender”. Otro detractor ha sido Alejandro Navarro, quien planteó que “su postulación rompe la tradición de designar a alguien que asegure imparcialidad y pone en tela de juicio la credibilidad del Senado de Chile”.

“Daña las formas”

Incluso, reputados columnistas como Carlos Peña han entrado al debate, calificando como inconveniente la contratación del fiscal, bajo el argumento de que su llegada “daña las formas”.

“Si un fiscal regional transita de conducir una institución que investiga a una de las instituciones que estaban siendo investigadas, las formas, que son las que alimentan la confianza, se dañan. Por eso la llegada -sin solución de continuidad- del fiscal Raúl Guzmán a la secretaría del Senado no es razonable”, indicó el abogado en una columna publicada en El Mercurio.

A juicio del rector de la Universidad Diego Portales, “el problema que el Senado revelaría si aprobara la designación de Raúl Guzmán es un desprecio por las formas y una grave incomprensión del papel que ellas cumplen en la vida social y en el propio prestigio de una institución como el Senado. Y sería grave que algo así ocurriera en la institución que, por tener a cargo las reglas, es la que finalmente y en última instancia enseña a los ciudadanos qué es correcto de hacer en la vida social y qué en cambio es incorrecto”.

La credibilidad de las instituciones

En su declaración, los funcionarios del Senado plantean que “es imprescindible que quien dirija la Secretaría General del Senado tenga un manejo cabal de la normativa y de las prácticas parlamentarias que rigen la marcha de la Corporación, otorgue máximas garantías de conocimiento e imparcialidad y de ningún modo haya tenido bajo su supervisión investigaciones que, a la postre, pudieran afectar al Senado y al Ministerio Público. Nada de lo expuesto fue evaluado en este proceso de nombramiento”.

Los funcionarios añaden que “la opinión pública y los funcionarios de esta Corporación desconocen las razones que tuvo la Comisión de Régimen Interior para adoptar tal resolución, la que genera una indebida tensión institucional entre un poder del Estado y un organismo constitucional autónomo, máxime considerando que el nombramiento del próximo Fiscal Nacional requerirá el acuerdo del Senado”.

“Quien sea designado Secretario General debe cumplir con estas exigencias y no verse expuesto a cuestionamientos públicos acerca de su idoneidad, prescindencia política e ideológica y preparación legislativa. Si no se verifican estos requerimientos sin duda se afectará gravemente la credibilidad de las instituciones”, indican.